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Documento/ La sentencia del juicio a Municipalidad de Ucacha por cheques impagos

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(Miércoles 7 de noviembre de 2018) La financiera TFIN S.A. le ganó un juicio a la Municipalidad de Ucacha tras demandar un monto de $1.230.000 por cheques impagos. VER

Cabe agregar que el municipio debe abonar además la actualización, intereses y costas del juicio, lo que se estima en aproximadamente $6 millones.

La situación, que compromete a la actual administración y cuyas autoridades anticiparon accionarán legalmente contra los funcionarios municipales de la gestión anterior, amerita se investigue a fondo la gestión ante el Gobierno Nacional y construcción de la Planta de Tratamientos de Residuos en los años 2012 y 2013, el lugar de emplazamiento, pago a la firma constructora, el vínculo de ésta con las ex autoridades municipales si es que existen, el porqué se pretendían cambiar cheques de la municipalidad en la financiera, etc. "Hemos hecho presentaciones judiciales y parece que están durmiendo en algún cajón, en cambio este juicio contra la municipalidad salió antes de lo previsto", se quejó el intendente Héctor Jaime. Aseguró luego que entre las deudas que debieron afrontar ya pagaron  $12 millones y recordó que "hay $2 millones de un jardín maternal otorgado a Ucacha que no se construyó y más de $1 millón para compra de material para el Consorcio Caminero que también desapareció..."

-DOCUMENTO- Sentencia

SENTENCIA NUMERO: 167. LA CARLOTA, 30/10/2018. Y VISTOS: estos autos caratulados TFIN, S.A C/ MUNICIPALIDAD, DE UCACHA – EJECUTIVO, Expte. 1863429, traídos a despacho para resolver y de los que resulta: Que a fojas 1/5 comparece el abogado Juan Alberto Caracoche, en representación de la entidad actora y con el patrocinio letrado de los abogados Jorge José Aita Tagle y Luis T. Storani, y promueve demanda ejecutiva en contra de la Municipalidad de Ucacha. Reclama el cobro de la suma de pesos un millón doscientos treinta mil ($1.230.000) con más su actualización, intereses y las costas del juicio. Fustiga que la suma proviene del rechazo de los cheques de pago diferido que adjunta, cuales librados en contra el Banco de la Provincia de Córdoba, al ser presentados al cobro fueron rechazados por distintos motivos: A saber: 1) N°94759542, librado por la suma de $60.000 y con fecha de cobro el día 14/06/2013 (rechazado por falta de fondos suficientes en cuenta). 2) N°94759532, librado por la suma de $60.000 y con fecha de cobro el 12/6/2013 (rechazado por falta de fondos suficientes en cuenta). 3) N°94759553, librado por la suma de $50.000 y con fecha de cobro 07/7/2013 (rechazado por orden de no pagar). 4) N°94759545, librado por la suma de $60.000 y con fecha de cobro el día 28/6/2013 (rechazado por orden de no pagar). 5) N°94759547, librado por la suma de $40.000 y con fecha de cobro el día 24/04/2013 (rechazado por orden de no pagar). 6) N°94759544, librado por la suma de $60.000 y con fecha de cobro el día 21/6/2013 (rechazado por orden de no pagar). 7) N°94759555, librado por la suma de $300.000 y con fecha de cobro el día 30/7/2013 (rechazado por orden de no pagar). 8) N°94759554, librado por la suma de $300.000 y con fecha de cobro el día 30/6/2013 (rechazado por orden de no pagar). 9) N°94759556, librado por suma de $300.000 y con fecha de cobro el día 30/8/2013 (rechazado por orden de no pagar). Destaca que dichos instrumentos de pago fueron entregados a su comitente por WSK CONSTRUCTORA S.R.L., proveedora del Municipio mencionado. Previene que en el supuesto que la Municipalidad demandada se haya adherido mediante alguna ordenanza, decreto o resolución local en los términos del art. 31 de la Ley 9504, deja planteada subsidiariamente la inconstitucionalidad de la referida normativa y de la legislación nacional a la cual adhiere, particularmente el art. 1 de la Ley 25.973 y los arts. 19 y 20 de la Ley 24.624, concordantes y complementarias, en cuanto impiden hacer efectivo la orden de embargo. Cita y transcribe profusa doctrina y jurisprudencia ilustrativa del capítulo. Formula reserva del Caso Federal. Solicita la aplicación del Art. 104 inc. 5 de la Ley 9459. Ofrece la prueba de la que pretende valerse. Que a fojas 22 comparecen los abogados Jorge José Aita Tagle y Luis T. Storani en nombre y representación de la entidad actora conforme poder que adjuntan. Que a fojas 24/27 se acredita la personería del abogado Juan A. Caracoche. Previo requerimiento de la totalidad de los títulos originales base de la acción, se imprime a la pretensión el trámite de juicio ejecutivo, citándose a la accionada conforme a derecho (fojas 34). Que a fojas 50/54 comparece Javier Ramón Paulucci (DNI 17.583.174) en su condición de Intendente Municipal de la localidad de Ucacha, conforme lo acredita con la instrumental que adjunta, y con la asistencia profesional del abogado Hernán Daniel Sader. Contesta la demanda. Ofrece prueba y opone las siguientes excepciones: a) falta de personería en el accionante, b) falta de personería en el demandado, c) falsedad de título y d) quita. Bajo el título de Excepción de Falta de Personería en el Demandante y Falta de Personería en el Demandado, dice: Que nada le debe a la actora por ningún concepto, que nunca ha tenido trato comercial ni jurídico de la que pudiere surgir derecho alguno en favor de la accionante, menos aún el crédito que se le reclama. Fustiga que con fecha 19/6/2013 denunció por ante la Comisaría de Distrito de su localidad (Ucacha) la denuncia de extravío de la totalidad de los cheques mencionados en la demanda, ratificando la presentación por ante la Fiscalía de Instrucción de la Sede con fecha 03/07/2013. Excepto los cheques Nros. 94759542 y 94759532, que si bien fueron rechazados por el Banco girado por falta de fondos suficientes en cuenta, constituyeron la causa fuente de la denuncia del extravío de la chequera. Afirma que la propia ejecutante reconoce haber recibido los valores de la firma WSK CONSTRUCTORA S.R.L., es decir los cheques robados y ahora motivo de ejecución. Destaca que dicha empresa sí tuvo relación con la Municipalidad de Ucacha, ya que fue la que construyó la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios en el año 2012/2013, pero que los trabajos se le abonaron con fondos provenientes del Gobierno Nacional. Pone en duda la veracidad y autenticidad de su propia firma y de la del Secretario de Administración, que también firma los cheques municipales. Impugna las firmas de falsedad. Advierte que procederá a ampliar la denuncia por ante la Fiscalía de Instrucción de la Sede, expresándose que la responsable del delito en cuestión es la firma “WSK CONSTRUCTORA S.R.L.”. Refiere que la ejecutante no tiene legitimación activa para demandar a la Municipalidad de Ucacha con fundamento en los títulos cartulares acompañados. También destaca la falta de legitimación pasiva de su representada en la presente acción. Solicita el rechazo de la demanda con especial imposición de las costas a la actora. Excepción de Falsedad de Título: Al amparo del referido título, aduce que las firmas insertas al pie de los títulos valores que se pretenden ejecutar no le pertenecen y que tampoco al Secretario de Administración del Municipio (Sergio Feller). Bajo el rótulo Excepción de Quita aduce que el accionado recibió del Municipio la suma de $19.000 y dos cheques por la suma de $15.000 cada uno, cuyo recibo acompaña. Denuncia que se está frente a una maniobra dolosa por parte de la actora. Pide la elevación de los obrados a la Fiscalía de Instrucción para que investigue la posible comisión de un delito. A todo evento deja planteada la prejudicialidad penal. Que ordenado el traslado de las excepciones opuestas en los términos del art. 551 del CPCC, a fojas 61/69 son contestadas por los Dres. Jorge José Aita Tagle y Luis T. Storani. Solicitan el rechazo de las defensas articuladas con especial imposición de las costas del juicio a la demandada. Previenen que el Sr. Intendente de la localidad de Ucacha se opone a la ejecución argumentando de modo insincero y falaz, aduciendo que habría extraviado los cheques cuyo cobro se le reclama. Fustigan la descripción de los hechos de un modo vago, contradictorio e inverosímil. Apuntan que los actos desplegados con posterioridad a la denuncia de extravío contradicen sus propios dichos, echando por tierra cualquier atisbo de verosimilitud al relato. Destacan que las excepciones articuladas son una muestra arquetípica de un planteo meramente dilatorio y del descaro con que se ha conducido el Funcionario municipal. Que conforme lo expresa, el extravío de los cheques ocurrió en ocasión de viajar a la ciudad de Buenos Aires a “ultimar detalles” con la firma WSK CONSTRUCTORA S.R.L. Reniegan de la liviandad con que el Intendente Municipal imputa la comisión de un presunto delito a terceros indeterminados, pero que no ha formulado a la fecha denuncia alguna, cuando tenía la obligación de hacerlo por su condición (Art. 317 del Código Procesal Penal de la Provincia). Que también llama la atención que se haya extraviado la chequera (conforme los dichos expuestos) pero que sólo algunos de ellos se hayan denunciado como extraviados, sin tener en cuenta la correlatividad de otros títulos pertenecientes a la misma chequera, lo que importa que el Funcionario contradice sus propios dichos de manera burda. Destacan la carta documento librada por su representada con fecha 14/8/2013 y que fuera recibida por el Municipio con fecha 16/08/2013, en la cual se hace un detalle minucioso de los valores cuyo pago se reclama y que fueran recibidos merced a operaciones de descuenta regular efectuados con la firma ESK CONSTRUCTORA S.R.L. Misiva que según previenen jamás fue controvertida. Recuerdan que a partir de la mencionada intimación, comenzaron las negociaciones y tratativas extrajudiciales con su representada, cuales fueran reconocidas por el propio Funcionario municipal en su escrito de oposición de excepciones. Exponen un minucioso detalle de los cheques y valores que fueron cambiados y sustituidos. Advierten que más curioso aún resulta que uno de los cheques denunciados como extraviados haya sido cancelado por el propio Intendente, a saber: N°94759551. Afirman que el mismo resulta paradigmático del obrar inescrupuloso del Sr. Intendente municipal. Que la conducta del Funcionario desplegada durante dos (2) años explica perfectamente porqué jamás realizó las denuncias penales. Afirman que la legitimación de su representada para accionar ejecutivamente resulta incuestionable y que ha sido reconocida por el propio Intendente en numerosas oportunidades. Bajo el destacado Inadmisibilidad de sus planteos defensivos por aplicación de la doctrina de los actos propios predican que las sucesivas contradicciones del Funcionario municipal no sólo le restan verosimilitud a su relato sino que además tornan manifiestamente improcedente su pretensión defensiva, pues nadie puede ponerse en contradicción con una conducta anterior, jurídicamente válida y eficaz. Relatan que es evidente que el funcionario municipal ha desplegado conductas deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, que tornan manifiestamente inadmisible su actual pretensión defensiva. Citan y transcriben precedentes del Máximo Tribunal Provincial (Sent. 134 de fecha 11/11/2003, “Taboada, Luis Fernando c/ José Hugo Trignani – Ejecutivo – Recurso de Inconstitucionalidad). Advierten que un mero cotejo de las firmas insertas en los cheques cuyo pago aquí se reclama con las insertas en el escrito de oposición de excepciones, permiten constatar la autenticidad de aquéllas. Sostienen que el aviso de no pago por denuncia de robo o extravío del titular de la cuenta (art. 5 Ley de Cheques) sólo tiene efecto en la relación interna (entre cliente y la entidad bancaria) pero carece de efectos en la relación externa (entre librador y tenedor), salvo dolo o culpa grave del tenedor (art. 19) la cual no ha sido acreditada. Que la necesidad de la acreditación de la mala fe de su representada resulta una exigencia ineludible para el librador, pues el tercer portador no ha participado del acto de libramiento. Inadmisibilidad de la excepción de Falta de Personería en el Demandante y en el Demandado: Afirman que la doctrina es pacífica en admitir que esta excepción sólo puede fundarse en los dos motivos que contempla el inc. 2do. Del Art. 547 CPCC, y ello así pues versa exclusivamente en lo relativo a la falta de un presupuesto procesal o sea la capacidad procesal “legitimatio ad processum” diferente de la legitimación para obrar “legitimatio ad causan” que configura un elemento sustancial de la Litis cuya ausencia amerita otra defensa (Ferreyra de De La Rúa, Angelina – González De La Vega, Cristina – Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, 4ta. Ed. Actualizada y ampliada, La Ley, Tomo I, pág. 656/657). Que en definitiva el planteo defensivo nada tiene que ver con una presunta falta de personería del demandante. Destacan que mayor confusión se advierte en el cuestionamiento de su propia capacidad procesal para estar en juicio (la falta de personería en el demandado). Que poco se puede agregar a este curioso auto-cuestionamiento de personería. Improcedencia de la Excepción de Falsedad de Título: Bajo dicho título reiteran que basta un mero cotejo de las firmas insertas en los cheques con las insertas en el escrito de oposición de excepciones, permite constatar la autenticidad de aquellas. Solicita se rechace la excepción articulada, con imposición de las costas a carga de la ejecutada, aplicándose una multa procesal por su accionar. Afirman que también ha de rechazarse la Excepción de Quita pues los pagos efectuados fueron imputados a otros cheques cuales fueron oportunamente restituidos al Sr. Intendente, pero no a los que aquí se ejecutan. Fustigan que su proceder es una muestra más de su insinceridad y descaro. Denuncian la Improcedencia de la Prejudicialidad Penal en los casos en que la sentencia civil no produce cosa juzgada material, sino sólo formal y que por dicha circunstancia no existe colisión posible con la sentencia penal. Afirman que en el caso concreto de las ejecuciones ello es de toda evidencia, pues la sentencia carece de carácter definitivo, quedando expedita la acción ordinaria de repetición, en la que sí cabe invocar la prejudicialidad penal. Que sólo muy excepcionalmente la jurisprudencia admite un planteo de esta especie, cuando la “causa penal” tuviera un significativo grado de avance a los fines de dotar de verosimilitud a la denuncia formulada. Previenen que la gran mayoría de las pruebas ofrecidas por la ejecutada resultan manifiestamente improcedentes y sólo constituyen una maniobra dilatoria, inadmisible en un proceso ejecutivo como el que nos ocupa. Recuerdan que de conformidad al art. 553 del CPCC el Tribunal debe desestimar la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. Ofrecen la prueba de la que han de valerse. Con fundamento en el art. 83 inc. 1 del CPCC piden se aplique Multa por Violación al Deber de Probidad y Buena Fe, una vez acreditada la autenticidad de las firmas insertas en el título ejecutivo e insinceramente desconocidas por el demandado. Aducen que por tratarse de un Funcionario Público, justifica que se aplique el máximo legal. Que a fojas 77 comparece el abogado César Irigo, en representación de la Municipalidad demandada, acreditando su personería con el poder que adjunta. Que ordenado el diligenciamiento de la prueba ofrecida, de la efectivamente colectada dan cuenta las constancias de la causa. Firme el llamado de los autos para definitiva, la cuestión quedó en estado de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: I) Que acciona ejecutivamente TFIN S.A. sobre la base de nueve (9) cheques de pago diferido que librados por la Municipalidad de Ucacha sobre la Cuenta Corriente Nº393-000001/7 que la demandada titulariza en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (Suc. Ucacha), respecto de los cuales la actora se considera legítima tenedora por haberlos recibido de “WSK CONSTRUCTORA S.R.L.”. Merced los fundamentos expresados en la demanda y que obran trascriptos en la relación de causa que antecede, a la cual corresponde remitir en homenaje a la brevedad. La adición de los títulos asciende a la suma de $1.230.000. Que por idénticos motivos corresponde remitir a lo expresado en la contestación de la demanda, que en lo sustancial también luce trascripta en los Vistos precedentes. II) Que a tenor de las excepciones articuladas y de la prueba ofrecida por la Entidad demandada, corresponde recordar que en el ámbito del juicio ejecutivo no está permitido discutir la causa de la obligación. En consecuencia, la estrategia defensiva articulada por el Accionado con fundamento en la falta de relación comercial y jurídica entre la Municipalidad y la ejecutante de los cheques, no puede tener la mínima acogida jurisdiccional en el marco del presente juicio de acotado conocimiento. Ello por cuanto la ejecución se despacha sobre la base de un título abstracto, literal y autónomo, sin consideración del negocio subyacente. III) Que corresponde adelantar opinión, en cuanto que las defensas intentadas por la Municipalidad demandada resultan contradictorias, restando verosimilitud al relato argumentativo proporcionado por el Sr. Intendente. Así dentro de la excepción que califica como de FALTA DE PERSONERÍA EN EL DEMANDANTE y FALTA DE PERSONERÍA EN EL ACTOR pretenden introducir cuestiones relacionadas con la falta de legitimación activa del actor y la falta de legitimación pasiva de su representada, cuales resultan totalmente extrañas a la excepción opuesta. La defensa invocada puede fundarse en la falta de capacidad civil para estar en juicio o en la falta de representación suficiente (art. 184 inc. 2 CPCC). Motivo por el cual, corresponde desestimarla, ya que no se observan configurados los supuestos facticos previsto en la norma (art. 547 inc.2 CPCC). La jurisprudencia tiene dicho que “si bien la confusión entre la excepción de falta de personería y la falta de legitimación es común, sus diferencias son fundamentales: Mientras la “letimatio ad processum” es una defensa procesal referida a uno de los presupuestos procesales (la personería de los representantes), la “legitimatio ad caussam” es una excepción de derecho de fondo (que el actor o el demandado no son las personas a las que la ley acuerda el ejercicio del derecho) - (Cámara 5ªCyC, autos: “Duarte, Walda Sabina c/ La Buenos Aires New York Life S.A. – Ordinario – Otros” –Expte. Nº275800/36, de fecha 18/07/2012, Sentencia Nº108; publicado en Foro de Córdoba, Suplemento de Derecho Procesal Nº23). La EXCEPCIÓN DE FALSEDAD DE TÍTULO articulada no puede correr mejor suerte. Ello por cuanto si bien el Demandado niega las firmas que obran al pie de las cartulares, el dictamen pericial caligráfico oficial agregado a fojas 101/117 (y cuya incorporación no ha sido cuestionada) de manera contundente concluye “que las nueve (9) firmas originales colocadas al pie lado derecho de los cheques individualizados como Nº94759532 por $60.000; 94759542 por $60.000; 94759544 por $60.000; 94759545 por $60.000; 94759547 por $40.000; 94759553 por $50.000; 94759554 por $300.000; 94759555 por $300.000 y 94759556 por $300.000, tienen identidad gráfica con las firmas originales atribuidas al Sr. Javier Ramón Paulucci DNI 17.583.174, por lo que atribuyo a su mismo y único puño gráfico, son auténticas”. Conclusión que también se ve corroborada por la pericia caligráfica de parte producida por la Sra. María Angélica Olmos (fojas 119/121), donde la perito de control expresa que adhiere a la conclusión arribada y descripta en el dictamen pericial caligráfico oficial, respecto de la autenticidad de las nueve firmas dubitadas obrante en la documental relacionadas al demandado Javier Ramón Paulucci (DNI 17.583.174) como pertenencientes al puño del demandado. En cuanto a la EXCEPCIÓN DE QUITA, corresponde memorar que la demandada no aportó elemento de convicción alguno que demuestre que los pagos realizados por la Municipalidad estuvieran dirigidos a cancelar la acreencia aquí reclamada; es decir que los pagos estuvieran imputados a la cancelación de los títulos traídos como base de la presente acción. No obstante, cabe advertir que han sido la misma parte actora (a través de sus abogados) que acompañaron los recibos cuyos originales fueran desglosados de la causa por orden del Tribunal (fojas 59/60) y reservados en Secretaría. En tanto que sus fotocopias lucen agregadas a fojas 71/72. Por el primero se acusa recibo de pago por la suma total de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000), imputándose “el saldo de $5.168,95 al pago parcial del cheque Nro. 94759553 librado por la suma de $50.000 cancelándose en primer lugar intereses y el saldo imputable a capital” (SIC). Dicho lo cual, siendo que el referido cheque se encuentra en la grilla de los valores que resultan objeto de la presente ejecución y cuyo pago ha sido reclamado por su valor total ($50.000), no puede el Tribunal mantenerse indiferente a tales circunstancias, pues se observa que se configura un supuesto de pago a cuenta (pago parcial), merced al recibo suscrito por el Dr. Juan A. Caracoche con fecha 18/12/2013 (fojas 71). Ello por cuanto el pago constituye un hecho extintivo de la obligación, que implica el cumplimiento de la prestación que es su objeto (Art. 865 Código Civil y Comercial) y la satisfacción del interés del acreedor y la consiguiente liberación del obligado (PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G. - Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones, Tomo 2, Ed. Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, pág.72). En el juicio ejecutivo en particular, atento lo dispuesto en los arts. 547 y 548 del CPCC., la excepción de pago “alude a la categoría de pago documentado, lo cual significa que quien ejerce debe contar con un instrumento otorgado por el actor o su representante en el que consta una clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta” (DE LA RUA, Angelina F. y DE LA VEGA, Cristina G. - Código Procesal Civil y Comercial, comentado y concordado, Tomo III, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2000, pág. 1019). Siendo que ha sido la misma parte actora quien ha aportado el recibo de pago del cual surge la entrega a cuenta, corresponde debitar lo pagado a cuenta (pago parcial) del monto total de la pretensión. IV) PREJUDICIALIDAD PENAL: Coincidiendo con lo afirmado por la parte ejecutante esta defensa tampoco puede prosperar y habrá de ser desestimada. Ello por cuanto no se ha acreditado que haya existido un verdadero extravío, ni que se haya efectuado una concreta denuncia en Sede Policial. Que la jurisprudencia tiene dicho que “no es posible la discusión causal en el juicio ejecutivo, porque de lo contrario se desvirtuaría el carácter sumario del proceso compulsorio, con clara trascendencia negativa en el tráfico negocial. No es óbice para ello la denuncia policial, ni quien la haya efectuado, ya que el cheque motivo de los presentes, reúne todos los requisitos establecidos por el art. 2 de la Ley 24.452, y el accionante, al ser poseedor y figurar como beneficiario del derecho en él incorporado, reviste la condición de legitimario cambiario para reclamar el respectivo crédito, tornando inmune el instrumento ante la defensa de inhabilidad de título basada en una denuncia de robo. Además el extravío del cheque no es oponible al ejecutante, ni priva a éste de su derecho a exigir en juicio ejecutivo el cobro de la deuda instrumentada en el documento, careciendo de relevancia que el excepcionante invoque la denuncia policial de la pérdida. Todo ello brinda una mayor posibilidad de satisfacción de la pretensión reclamada al acreedor cambiario, sin perjuicio de que le otorgue al deudor ejecutado la posibilidad de invocar, en un juicio de conocimiento, las defensas sustanciales que estime convenientes” (Cámara 4ºCyC autos: “Renovell, Francisco Fernando c/ Ribas Somar, Daniel Gustavo y otro – Ejecutivo particular”, Sent. Nº179, 2/12/2004, Vocales: Fernández, Bustos Argañarás, González de la Vega de Opl – Publicado en Foro de Córdoba, Suplemento de Derecho Procesal Nº9/2005, pág. 196/197). “La mera tenencia de los títulos legitima a su portador en el carácter en que lo alega (en tanto no exista prueba alguna sobre la posesión dolosa de éstos), acorde el carácter autónomo, abstracto y circulatorio de los títulos en cuestión. … La orden del librador de no efectivizar el pago por “extravío” (arts. 34 a 36 del régimen legal del cheque), desde que la comunicación al Banco constituye simplemente una oposición a que sea pagado al portador de mala fe en protección a las consecuencias desagradables de la pérdida sin restar ejecutividad al cheque rechazado a favor del tenedor de buena fe” (Cámara 7º CyC, autos: Río Segundo Bienes Raíces S.A. c/ Rodríguez, Raúl Roberto – Ejecutivo por Cobro de cheques, letras o pagarés - Expte. Nº1109536/36; Sent. Nº47, 16/5/2007. Vocales: Flores, Remigio, Daroqui. Foro de Córdoba, Suplemento de Derecho Procesal Nº12, Año 2007, pag. 139).Procedencia de la ejecución. En definitiva, al ser los títulos ejecutados de aquéllos que son hábiles y que traen aparejada ejecución, por contener una obligación de dar una suma de dinero fácilmente liquidable, corresponde mandar llevar adelante la ejecución por la suma de pesos un millón doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y uno con diez centavos ($ 1.224.831,10). A tal suma corresponde se le adicionen los intereses y coeficiente que se fijan en el considerando respectivo. V) MULTA AL DEBER DE PROBIDAD y BUENA FE:Que el capítulo encuentra su norte en el Art. 83 CPCC, donde de manera expresa se prescribe: “Las partes, sus letrados y apoderados, deberán actuar en el proceso con probidad y buena fe…”. Por su parte la jurisprudencia tiene dicho que “el ejercicio del derecho de defensa, en tanto no demuestre de manera ostensible, palmaria, la existencia de violación a los deberes de lealtad, probidad y buena fe, no justifica tal consecuencia jurídica” (Cam.4°CyC, autos: Gomería Belgrano S.A. c/ Hernández de mansilla, Teresa Elena y otro – ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagarés – Recurso de Apelación; Expte. 110229/36, Sent. N°155 del 30/06/2011 – cit. Foro de Córdoba, Suplemento Procesal N°22 año 2012). No obstante esta posición que resulta de pacífica aceptación tanto en doctrina como en la jurisprudencia dominante, se advierte en la especie que entre los cheques supuestamente EXTRAVIADOS se encontraba el N°94759551 (ver constancia de fojas 37 y carta documento de fojas 42). Luego el recibo suscrito en la ciudad de Buenos Aires con fecha 18/12/2013 da cuenta que el Sr. Intendente (Javier Paulucci) después de abonar la suma de $150.000 logró recuperar de manos del abogado Juan A. Caracoche el cheque N°94759551 (entre otros), prueba más que elocuente de la imprudente y contradictoria maniobra defensiva ensayada por la parte demandada. Es decir, si lo consideraba extraviado no podría el cheque haberlo tenido su acreedor. Ello, sumado al resultado contundente del dictamen pericial que le atribuye la autoría en la firma de los nueve (9) cheques motivo de ejecución, permiten a este Juzgador arribar con certeza y convencimiento que el Sr. Javier Paulucci desatendió en la ocasión los deberes de lealtad, probidad y buena fe con que deben conducirse los operadores jurisdiccionales dentro del proceso, haciéndolo pasible de una sanción ejemplarizante debido a su inconducta procesal. Es que la exposición de extravío de los cheques, cual no ha sido posteriormente ratificada, y la negativa insincera de la firma por parte del Representante Municipal, ponen en evidencia una conducta manifiestamente maliciosa, temeraria, dilatoria y perturbadora. Sin duda que tal accionar ha importado un exceso en el uso del derecho de defensa y ha provocado un sustancial alargamiento de tiempo de sustanciación del proceso y el consecuente esfuerzo probatorio en la contraparte. Por ello, se considera atinado aplicar una sanción económica a cargo de la parte Demandada y en favor de la parte Actora, equivalente al quince por ciento (15%) del valor económico del litigio. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, este tribunal debe aclarar que no se desconoce la discusión que existe respecto de las sanciones previstas en el art. 83 del C.P.C., sobre todo cuando ellas son impuestas inaudita pars, en tanto y en cuanto se ha considerado que la parte interesada carecerá de una oportunidad procesal adecuada para ejercitar su derecho de defensa sobre la procedencia o no de la sanción (En tal sentido véase Oscar Hugo Vénica, “Código Procesal Civil y Comercial, T.I., p. 245), no obstante en el caso concreto el pedido fue formulado por la parte actora en oportunidad de evacuar el traslado de las excepciones (vide f. 69), y bien tuvo oportunidad la demandada de hacer uso del derecho de defensa en oportunidad de alegar, no obstante nada ha dicho al respecto cuando tuvo la oportunidad procesal para ello (véase f. 56). Por otra parte este tribunal comparte la postura de reconocida doctrina que señala “El art. 83 del Código Procesal, no es inconstitucional. En efecto, conforme con el art. 28 de la Const. Nacional los derechos, aun el de defensa en juicio, se ejercen en conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio. Que la norma procesal faculte a los jueces a imponer sanciones pecuniarias a quienes incurran en inconducta procesal, ya sea por violación de la probidad y buena fe, o por un obrar manifiestamente malicioso, temerario, dilatorio o perturbador, no implica que se esté restringiendo el derecho de defensa de la parte y el de sus letrados patrocinantes o apoderados al ejercicio de su profesión. No hay mengua alguna de tales derechos sino la incorporación del principio de moralidad al proceso, respondiendo a la necesidad de que el imperativo ético, como en todos los órdenes de la vida, presida el comportamiento de los litigantes” (Matilde Zavala de González, “Doctrina Judicial – Solución de Casos”, Alveroni – Ediciones, 1ª. Reimpresión, Año 2009, Tomo V, p. 337). VI) INTERESES:Desechada sustancialmente la defensa ensayada (sin perjuicio de lo expresado respecto al pago parcial), corresponde hacer lugar a la ejecución sustentada en los títulos ejecutivos traídos como sustento de la pretensión, hasta el completo pago de la suma de pesos un millón doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y uno con diez centavos ($1.224.831,10)) con más los intereses que el Tribunal de ordinario reconoce (Tasa pasiva promedio nominal mensual publicada por el BCRA más el dos por ciento -2%- no acumulativo), que se determinan desde la fecha de la mora (rechazo del pago de los cheques) y hasta su efectivo pago. VII) COSTAS. Las costas se imponen a la parte demandada en su calidad de vencida y en función del principio objetivo de la derrota que rige la materia (art. 130 CPCC). Se deja aclarado que el pago parcial que será reconocido no modifica lo antedicho, pues no ha sido producto del éxito de la estrategia defensiva de la parte demandada. VIII) HONORARIOS.Corresponde regular los honorarios de los abogados de la parte vencedora (art. 26 Ley 9459). La base se configura con la suma de capital e intereses condenados en la presente, la que asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y tres con veintisiete centavos ($ 4.453.293,27) y sobre la misma se proyectan las alícuotas previstas en el art. 36, Ley 9459 en su punto medio (20,5 %), atento tratarse de un juicio ejecutivo en el que se opusieron y sustanciaron excepciones (Art. 81 CA). Practicados los cálculos conforme tales parámetros, actualizada la base económica a razón de la Tasa Pasiva que publica el B.C.R.A. con más el dos por ciento (2 %) nominal mensual desde la fecha de mora (14/06/2013; 12/06/2013; 07/07/2013; 28/06/2013; 05/07/2013; 21/06/2013; 30/07/2013; 30/06/2013; 30/08/2013), hasta el 26/10/2018 (1: Capital $ 60.000 + TP BCRA $ 83.900,87 + Int. 2 % mensual $ 77.326,03 + 2: Capital $ 60.000 + TP BCRA $ 83.995,41 + Int. 2 % mensual $ 77.404,93 + 3: Capital $ 44.831,05 + TP BCRA $ 61.917,77 + Int. 2 % mensual $ 57.098,79; + 4: Capital $ 60.000 + TP BCRA $ 83.280,59 + Int. 2 % mensual $ 76.773,70; + 5: Capital $ 40.000 + TP BCRA $ 55.304,23 + Int. 2 % mensual $ 50.998,36; + 6: Capital $ 60.000 + TP BCRA $ 83.597,97 + Int. 2 % mensual $ 77.049,86; + 7: Capital $ 3000.000 + TP BCRA $ 409.200,21 + Int. 2 % mensual $ 377.556,16; + 8: Capital $ 3000.000 + TP BCRA $ 415.920,82 + Int. 2 % mensual $ 383.473,97 + 9: Capital $ 300.000 + TP BCRA $ 402.221,46 + Int. 2 % mensual $ 371.441,09 = Base de Cálculo $ 4.453.293,27); corresponde regular, en forma definitiva (art. 28 Ley 9459), los honorarios en la suma de pesos novecientos doce mil novecientos veinticinco con diez centavos ($ 912.925,10). Asimismo, deberá adicionarse la regulación prevista en el art. 104 inc.5 de la Ley 9459 por haber sido pedido en la demanda. Se diferirá la regulación de los honorarios de los abogados de la parte demandada perdidosa, hasta que sea solicitado por parte interesada (art. 26, contrario sensu, Ley 9459). Por todo lo expuesto, normativa citada y lo dispuesto por los arts. 326, 330 conc y corr. C.P.C. RESUELVO: I) Rechazar las excepciones de falta de personería en el demandante, falta de personería en el demandado, falsedad de título y quita opuestas por la parte demandada. Rechazar también el planteo de prejudicalidad penal deducido por la accionada. En consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución incoada por TFIN S.A. en contra de LA MUNICIPALIDAD DE UCACHA, hasta el completo pago de La suma de pesos un millón doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y uno con diez centavos ($1.224.831,10), con más los intereses acogidos en el considerando respectivo. II) Hacer lugar al pedido de sanción formulado por el actor en los términos del art. 83 inc. 1 del C.P.C., y en consecuencia, imponer a la demandada una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor económico del litigio, la que será cuantificada en etapa de ejecución de sentencia. III)Imponer las costas del juicio a la cargo de la parte demandada vencida. IV)Regular, en forma definitiva (art. 28 Ley 9459), los honorarios profesionales de los abogados Juan A. Caracoche, Jorge Aita Tagle (h) y Luis T. Storani, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos novecientos doce mil novecientos veinticinco con diez centavos ($ 912.925,10), con más la suma de pesos un mil novecientos treinta y seis con noventa y cinco centavos ($1.936,95), en virtud de lo previsto por el art. 104 inc.5° Ley 9459. Sin perjuicio del IVA que pudiera corresponder. PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.

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