Organizaciones internacionales, blanco de ataques y descrédito

(Miércoles 30 de julio de 2025) Algunos gobiernos rompen sus vínculos con organismos como la OMS, ACNUR o Amnistía Internacional, que hoy enfrentan embestidas discursivas, legislativas y presupuestarias en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son los riesgos para la sociedad civil? - Informe Fundación Colsecor

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En los últimos años, y con mayor virulencia desde la pandemia por COVID‑19, se profundizó una serie de cuestionamientos hacia instituciones internacionales que históricamente defendieron derechos esenciales, coordinaron respuestas sanitarias, impulsaron acciones climáticas y ampararon a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este informe de la Agenda Pública de la Fundación COLSECOR recorre una serie de organismos clave que hoy enfrentan embestidas discursivas, legislativas y presupuestarias en diferentes partes del mundo.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la UNESCO representan algunas de las redes internacionales que han sido, en los casos más leves, puestas en discusión; en otros casos, desacreditadas públicamente, excluidas de las políticas públicas en distintos países, liderados principalmente por gobiernos conservadores y opositores a un sistema multilateral que hasta ayer era sinónimo de prestigio. En paralelo, especialmente en el universo de las redes sociales, han sido blanco de la desinformación y campañas de fake news.

¿Qué causas defienden y por qué resultan un objetivo de deslegitimidad y amenaza? ¿Cuáles son los riesgos para la sociedad civil que algunos gobiernos rompan relación o dejen de financiar a estas instituciones? Sobre estos interrogantes trata la agenda de este mes de la Fundación COLSECOR, con el propósito de fortalecer el debate público.

Inventario de instituciones en la mira

Organización Mundial de la Salud (OMS). Fundada en 1948 y presente en más de 150 países, la OMS lidera la coordinación de salud pública y establece estándares globales. Durante la pandemia, fue centro de críticas por su respaldo al aislamiento social, señalada por algunos sectores como “control social”. En algunos países, ese descrédito se materializó en acciones políticas. En febrero de 2025, el presidente Javier Milei decretó la salida de Argentina de la OMS, acusándola de promover “cuarentenas eternas” y violar la soberanía nacional. Este acto se enmarca en una línea similar a la impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, durante el final de su mandato anterior, al profundizar una narrativa que deslegitima al organismo sanitario justo cuando su rol era central.

Fondo de Población de la ONU (UNFPA). Desde 1969 promueve la difusión de la salud sexual y reproductiva, planificación familiar y atención materna. Su objetivo para 2030 es acabar con las necesidades insatisfechas de planificación familiar, la mortalidad materna evitable, la violencia de género y las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Recientemente fue víctima de recortes financieros por parte de administraciones que rechazan el derecho al aborto. Desde la ONU salieron a alertar que la quita de 377 millones de dólares que dispuso el gobierno de Trump contra la UNFPA no hace más que “poner fin a la ayuda vital de mujeres y niñas en materia de reproducción”.

Amnistía Internacional. Con más de seis décadas de existencia, esta ONG defiende los derechos humanos universalmente. Durante la pandemia sufrió campañas de descrédito desde voces oficiales y medios conservadores que acusaron a la organización de politizar estadísticas en la pandemia por COVID‑19. Algunos gobiernos minimizaron sus informes sobre arbitrariedades y restricciones a la salud pública, en especial en Latinoamérica.

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Creado en 1988, sintetiza evidencia científica para guiar acciones globales contra el cambio climático. Sin embargo, ha sido atacado por gobiernos y figuras políticas que niegan que el cambio climático sea causado principalmente por la actividad humana, a pesar de la abrumadora evidencia científica que lo confirma, y califican sus recomendaciones como alarmistas o contrarias a libertad económica. Por caso, en Brasil, la gestión de Jair Bolsonaro cuestionó la legitimidad del IPCC y minimizó la importancia ambiental, incluso en relación con la deforestación en la Amazonia.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Creada en 1959 tiene como fin afianzar el Estado de derecho y la democracia. En países como Brasil y Colombia ha sido objeto de críticas por denunciar abusos policiales y violaciones contra pueblos indígenas. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, se desvinculó del sistema interamericano de derechos humanos quitándole legitimidad a la CIDH.

Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Protege a personas desplazadas desde 1950 en más de 130 países. Desde ACNUR se realizan acciones concretas, en situaciones de emergencia, brindando asistencia a las personas forzadas a huir de su país. Durante la pandemia, se expusieron narrativas de “invasión migratoria”, vinculadas a refugiados y solicitantes de asilo: por ejemplo, sectores conservadores elaboraron discursos xenófobos, culpando a este organismo de impulsar migraciones masivas sin control.

La ONU y la Agenda 2030. La ONU, con institución madre de varios de estos organismos, enfrenta ataques concentrados en la Agenda 2030, considerada por la extrema derecha como un proyecto globalista. Un claro ejemplo lo dio el partido español Vox que lanzó una campaña agresiva desde 2021, tachando la Agenda de “diabólica” y alegando que socava la soberanía nacional. Su mensaje fue replicado en Latinoamérica, reforzando una ola regional de negación al multilateralismo y a los objetivos de desarrollo y equidad social que propone Naciones Unidas.

El COVID‑19 marcó un momento de desprestigio masivo hacia la ciencia y las instituciones sanitarias. Cuarentenas, barbijos y vacunas entraron en el terreno de la polémica, en lugar de constituirse en un contrato social, esto no hizo más que generar ola de desinformación y profundizar posturas extremistas.

En la mayoría de los casos, donde el ataque discursivo proviene directamente de otras instituciones gubernamentales, emergen la narrativa de “soberanía nacional” y “defensa de las libertades individuales”. Esos discursos, combinados con prédicas descalificadoras y discriminadoras que ejercen sus principales figuras, se contraponen al rol articulador y solidario que proponen estos organismos.

Quedarse fuera del mundo
Renunciar a un organismo como la OMS implica mucho más que oponerse a políticas como la cuarentena. Según funcionarios y especialistas en salud la decisión del gobierno argentino deja al país en una posición de mayor vulnerabilidad ante probable una crisis sanitaria, el control de brotes en prevención de enfermedades, cooperación internacional y en la promoción de transferencia de tecnología”.

En la misma línea, desde el ámbito académico, en derecho internacional, advierten que la desvinculación de organismos multilaterales no solo implica una pérdida de cooperación técnica y financiera, sino también una merma en las capacidades del Estado para afrontar crisis complejas como desplazamientos forzados o desastres climáticos. “Cuando un gobierno se retira de estos organismos o ignora sus recomendaciones, no solo debilita su red de apoyo internacional, también deja a su ciudadanía más expuesta”, afirma Juan Pablo Bohoslavsky, investigador de la Universidad Nacional de Río Negro y Conicet, y ex asesor independiente de la ONU en deuda externa y derechos humanos.

Por su parte, Karina Bidaseca, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y Conicet, advierte que estas instituciones, si bien no están exentas de críticas, operan como contrapeso ante los abusos de poder y como plataforma de denuncia para grupos históricamente marginados. “Excluirse de estos marcos significa quedar fuera de los sistemas de monitoreo y protección que garantizan mínimos civilizatorios como el acceso a la salud, a un ambiente sano o a una justicia supranacional cuando las garantías internas fallan”.

Los expertos coinciden en que desconocer o deslegitimar organismos como la OMS, la CIDH o la ACNUR implica también un retroceso simbólico: es desarmar consensos básicos sobre derechos humanos, cooperación global y solidaridad internacional. Esta tendencia, impulsada por sectores que reivindican una idea cerrada de soberanía, puede derivar en mayor aislamiento, pérdida de credibilidad internacional y sobre todo en un debilitamiento del Estado en su capacidad de garantizar derechos.

Esa advertencia encuentra eco en el pensamiento de José “Pepe” Mujica, quien en un recordado discurso en 2013 en la Asamblea General de Naciones Unidas ya había denunciado que la ONU fuese bloqueada por parte de grandes naciones para “retener el poder” y abogó por “un gobierno para la humanidad que supere el individualismo” y acuda a la ciencia y no sólo a los “intereses inmediatos”. A ese discurso, que duró 45 minutos, lo finalizó con una de sus frases memorables: “Piensen que la vida humana es un milagro. Que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida”. //

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